De los cambios a las reformas en la educación: la politización del proceso

La reforma educativa es un concepto que ha sido definido por múltiples autores. En la actualidad es un término ampliamente utilizado por los políticos en sus campañas electorales y una vez que asumen el gobierno; sin embargo, el concepto tiene acepciones más profundas que un simple manejo político discursivo. En este capítulo se sostiene que una reforma debe abarcar los ámbitos político, pedagógico y estructural, además de penetrar en lo profundo de cada uno de estos campos, si se quieren lograr cambios de largo plazo e impactar positivamente en el aprendizaje y enseñanza de los educandos.

¿Cualquier tipo de cambio educacional puede denominarse «reforma»? Las múltiples transformaciones efectuadas en la educación pueden abarcar distintos períodos de tiempo, así como distintas profundidades y diferenciadas amplitudes. Describir los diversos abordajes de estas transformaciones educativas constituyen el centro de interés de este capítulo. Los políticos que asumen el gobierno suelen ser quienes activan estas mutaciones; desafortunadamente, en muchos casos, sin una guía clara de la dirección que se desea lograr y con tiempos muy acotados para llevarlas a cabo.

Los campos de lo social, económico, político y cultural son los referentes más amplios de las reformas educativas. Cuando cambia alguno o varios de ellos se generan transformaciones educacionales. La esfera internacional ha tenido un peso específico en las variaciones de la educación en el siglo XXI. Esta influencia permea el ámbito de cada país en cuanto a modelos educativos y, en algunos casos, incide en los propios sistemas educacionales de las distintas naciones. Estos cambios están caracterizados por ritmos y profundidades variantes que conducen a una diversidad de resultados escasamente consolidados.

Los cambios en la educación suelen iniciarse, bien con la creación de nuevas leyes educativas, o bien con transformaciones de las ya existentes, desde la Constitución hasta las leyes secundarias derivadas de ella. Esto permite a los políticos llevar a cabo políticas con un sustento legal, no siempre legítimo. En la conformación del marco normativo se presentan negociaciones, acuerdos y desacuerdos, consensos y oposiciones que influyen en la operatividad y funcionamiento del sistema educativo.

Hacia la segunda mitad del siglo XX se promueven transformaciones en la educación debido, sobre todo, a fenómenos de movilidad demográfica campo-ciudad. En los años sesenta, diversos movimientos políticos y sociales impactan en el campo educativo y, una década después, los cambios se centran en el currículo. En las dos últimas décadas del pasado siglo, lo imperante fue la progresiva descentralización de los sistemas educativos, un proceso aún vivo que genera tensiones entre las escuelas, las autoridades locales, las burocracias y las autoridades nacionales.

La sociedad mexicana de la primera mitad del siglo XX se caracterizó por el predominio de lo rural sobre lo urbano. La misión de la escuela era integrar a la diversa sociedad mexicana como una nación, aminorando la pobreza y la desigualdad, objetivos que se persiguen aún hoy en día… y que difícilmente se van a lograr en un futuro cercano y de mediano plazo si no se adoptan reformas educativas de hondo calado.

En los años que corren de 1950 a 1970, una etapa de «desarrollo estabilizador», México experimentó un significativo crecimiento industrial, acompañado de un gran incremento poblacional que migró masivamente del campo a las ciudades. Las urbes muestran un crecimiento desordenado, al igual que las escuelas, ahora urbanas. Durante este período, América Latina se ve inmersa en la Guerra Fría, la cual permea los sistemas educativos de los distintos países latinoamericanos con dos marcos ideológicos preponderantes: el capitalismo o el socialismo.

La década de los ochenta marca un parteaguas en el modelo de Estado al transitar este de un modelo protector a uno neoliberal, en donde la globalización irrumpe de manera total. La política económica cobra centralidad y relega la política social a un plano secundario. Al respecto, la educación se considera un pilar para lograr y consolidar tal modelo, además de cobrar nuevos derroteros en el desarrollo económico de los países. La modernización se convierte en un concepto central en todos los ámbitos de la vida nacional. Por supuesto, una educación eficiente, eficaz y de calidad es vital para cumplir ese tránsito modernizador.

Los años noventa del pasado siglo marcan el inicio de unas políticas educativas internacionales concertadas para lograr avances en la educación y, por medio de ella, afianzar la democracia y el sistema socioeconómico liberal en América Latina. Así, en diversos países de la zona –y en particular en México– se implementan procesos de descentralización, se efectúan cambios en el sistema educativo y se trasladan responsabilidades educativas y de financiación a los gobiernos locales. Transformaciones que también afectan al currículo de la educación básica al pasar este de un modelo configurado en torno a áreas de conocimiento a otro basado en asignaturas y dotado de una visión más humanista.

En los inicios del presente siglo confluyen diversas posturas surgidas de foros educativos internacionales. Así, la Cumbre del Milenio, el Foro Mundial sobre la Educación de Dakar, los trabajos educativos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) o el proyecto Tuning –implementado primero en Europa y, posteriormente, en América Latina– se alinean en direcciones similares. El liderazgo educativo es asumido por la Unesco –pero también por la OCDE– sobre la base de un modelo educativo por competencias.

En las últimas décadas, las políticas educativas internacionales de carácter neoliberal han penetrado con gran fuerza en América Latina. Al respecto, en todos los países de la zona en donde se está aplicando se dan unos elementos comunes: reestructuración de los sistemas educativos y las formas de financiamiento y regulación; ampliación de la cobertura territorial; un aumento de los años de escolaridad obligatoria; cambios en la gestión y la autonomía escolar; y rendimiento académico, evaluación y resultados como indicadores para medir la calidad de la educación.

Desde el inicio del presente siglo, la educación mexicana adopta el modelo por competencias para todo el sistema educativo, pero principalmente para la enseñanza básica. En cada sexenio presidencial, estos cambios educacionales se denominan «revolución», «reforma integral» o simplemente «reforma». Sea como sea, en todos los casos, primero se recogen los principios de las políticas educativas internacionales, luego se introducen en la legislación y, posteriormente, en el sistema educativo. Al respecto, la historia oficial de la educación evoca esos principios, aunque, al contrastarlos con la realidad educativa, tales transformaciones difícilmente logran vislumbrarse.

Analizar las «reformas educativas», sobre todo en el siglo actual, es un ejercicio obligado dado el abuso del término por parte de la clase política. Este tipo de reformas tienen tres componentes principales: político, pedagógico y estructural. En este sentido, se requiere que los cambios se realicen en plazos largos con el fin de conseguir su permanencia y que permeen en profundidad en cada uno de estos tres campos. Cuando esto se logra, podemos hablar con certeza de auténticas reformas educativas y no solo de cambios superficiales en cortos períodos de tiempo.